ESPAÑA ESTUDIA RETIRAR LA AYUDA A BOLIVIA SI NO HAY COMPENSACIÓN POR RED ELÉCTRICA
Una seria advertencia para el Gobierno del Presidente Evo Morales llega desde Europa de mano del , José Manuel García-Margallo, quien afirma que retirar la ayuda económica a Bolivia se trata de una hipótesis extraordinariamente delicada “porque la cooperación (de España) va dirigida a las poblaciones en situaciones de más fragilidad y dificultad”
Opinión.- En una entrevista con ABC, el ministro de Asuntos Exteriores, García-Margallo, da cuenta de las contingencias que ha creado la reversión del paquete accionario de Red Eléctrica (REE) y que el Gobierno español se alista a defender los intereses de la eléctrica española que vio cómo el pasado día 1ro de este mes el Presidente Evo Morales, calificado como “populista” expropió su filial en Bolivia, la empresa Transportadora de Electricidad (TDE).
A pesar que José Manuel García-Margallo fue anticipado por el Canciller David Choquehuanca sobre la reversión del paquete accionario, da cuenta que el Gobierno español está firme en su resolución que se debe otorgar una compensación por la reversión de TDE.
Consultado por ABC si el Gobierno español ha sido lo suficientemente firme con Bolivia, García-Margallo responde que “es otra cosa, desde el primer momento manifestaron que van a negociar, y han asegurado que van a pagar”.
¿Y si no es así, se les retirará la ayuda al desarrollo?, cuestiona el diario ibérico y el Ministro de Asuntos Exteriores ratifica que se trata de “una de las hipótesis que se están considerando, pero es un tema extraordinariamente delicado, porque la cooperación va dirigida a las poblaciones en situaciones de más fragilidad y dificultad. Hay que estudiarlo, pero a mí me cuesta muchísimo trabajo”.
La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó, este lunes, que se involucre a niñas y niños en el desarrollo de diferentes protestas sociales realizadas en los últimos días en el país. En particular, la Oficina “expresa su más profundo rechazo por la representación de una crucifixión de dos niños de corta edad, ocurrida el pasado miércoles 2 de mayo en la ciudad de La Paz, como medida de presión asumida por el sector salud dentro del conflicto que sostiene con autoridades gubernamentales”.
Esta entidad internacional recordó que varios tratados internacionales ratificados por el Estado boliviano, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen el derecho de todo niño a las medidas de protección que su condición requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.
“En la normativa boliviana, por un lado, la Constitución contempla la garantía del interés superior del niño, que conlleva la preeminencia de sus derechos y la primacía en recibir protección en cualquier circunstancia. Por otro lado, se ha definido en el Código del Niño, Niña y Adolescente que la niña o el niño es víctima de maltrato cuando se lo utilice o induzca su participación en cualesquier tipo de medidas de hecho como huelgas de hambre, actos violentos y otras que atenten contra su seguridad, integridad física o psicológica”, señala el comunicado de esta organización.
Por tales motivos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas hace un llamado a la sociedad boliviana y en especial a los sectores involucrados en las protestas sociales, para que apeguen sus conductas al marco internacional y nacional de los derechos de los niños y de las niñas y al Estado boliviano para que proteja, garantice el disfrute de estos derechos.
Exhortan además a los mismos sectores involucrados a buscar en forma constructiva la resolución pacífica de estas protestas por la vía de los mecanismos democráticos y del diálogo, en el pleno respeto de los derechos de los demás y sin recurrir a la violencia.
Finalmente, la ONU reiteró el llamado del Sistema de las Naciones Unidas del pasado 26 de abril para que “todas las manifestaciones y reclamos sociales sean siempre pacíficos, respetuosos con otras opiniones, considerados con las instituciones democráticas y que protejan a las niñas y niños de cualquier participación que pueda afectar su bienestar”.
PROSOL CARECE DE PLANIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN
Los actores vinculados al Programa Solidario Prosol, identificaron como las principales falencias que afectan al programa, que desembolsa anualmente 4.500 bolivianos por familia destinados a apoyar la producción agropecuaria, a la falta de planificación y adecuada capacitación a las comunidades beneficiarias
A lo anterior se suma una casi anime critica a los "malos dirigentes" que harían trafico de influencias y mal uso de recursos.
Son alrededor de 50 mil familias beneficiarias del pago del Prosol en el sector campesino tarijeño. Pero el uso que se da a los dineros públicos desembolsados anualmente no parece cumplir el objetivo de apoyar la producción agropecuaria.
Al programa de anoche no asistió el principal invitado e impulsor del programa Prosol, Luis Alfaro, el que inicialmente comprometió su asistencia.
Se evidencio una virtual unanimidad entre los entrevistados en la necesidad de reconducir el Prosol a partir del control fiscal y el control social de los resultados obtenidos en las gestiones pasadas y corrigiendo los errores cometidos.
El ex director del Prosol, el masista Joselino Jaramillo, revelo que son "enemigos del proceso de cambio que se hacen pasar por grandes masitas" los que entorpecen la marcha del programa, aunque no dio nombres de ellos.
Trinidad Constancio, por su lado, reitero la necesidad de que las irregularidades que se producen en el manejo del dinero y del programa mismo deben ser denunciados para poder corregirlos a tiempo.
Lo que parece claro es un extendido malestar entre los mismos beneficiarios y entre estos y los dirigentes y autoridades. Toda una crisis al interior del programa cuya efectividad depende ahora de los ajustes oportunos y la rendición de cuentas que se debe hace por e uso de los recursos públicos.
¿La ley Quiroga Santa Cruz se aplica al Prosol? Según dispone la misma norma, si, pero la Contraloría no mueve un dedo con el argumento de que no tiene presupuesto para auditar mas de 800 comunidades beneficiarias que recibieron recursos durante los tres años pasados.
Pero la ley Safco de control fiscal apunta también a las máximas autoridades ejecutivas, en este caso los gobernadores chapados, por la entrega de dineros a entidades que no están debidamente preparadas técnicamente para administrarlos, que es lo que ocurre con un gran numero de casos del Prosol. "Es responsabilidad de la MAE asegurarse que las comunidades estén capacitadas para utilizar el dinero estatal para los fines que les son entregados", aclaro un auditor vinculado a la Contraloría.
Un caso emblemático que se hizo publico en Encontraste anoche: la compra de tractores en Bordo El Mollar. El miedo de las familias campesinas a denunciar las irregularidades esta vinculado a la amenaza sindical de suspenderles el beneficio por incurrir en "traición" al sector campesino, una amenaza ya vertida en contra de una autoridad del Mas que se atrevió cuestionar la forma de manejo del Prosol.
FISCAL GENERAL INSTRUYE A FISCALES ACTUAR EN CASO DE BLOQUEOS Y MOVILIZACIONES
Sucre. El Fiscal General, Mario Uribe Melendres, instruyó este lunes a todos los Fiscales de Distrito y a los Fiscales de Materia del País, a “tomar las previsiones y acciones necesarias” para preservar los derechos y garantías de las personas, que reconocen la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales y las Leyes.
La autoridad del Ministerio Público, ordenó, a través de un instructivo, tomar las acciones que dispone la ley en caso de posibles delitos que podrían derivar de las protestas, sobre todo del paro de 48 horas declarado por el transporte público, el cual incluye bloqueos de calles y carreteras en diferentes departamentos del país.
“En consideración al anuncio público a través de los medios de comunicación, del paro del transporte con bloqueo de caminos y calles, marchas y otras movilizaciones, es probable la comisión de hechos que pueden configurar delitos contra la vida, la integridad y la dignidad del ser humano, y contra la seguridad común, entre otros”, señala el instructivo.
La autoridad recordó que esos delitos están penados por lo establecido en los artículos 130 (Instigación pública a delinquir), 213 (Atentado contra la seguridad de los transportes) y 214 (Atentado contra la seguridad de los Servicios públicos) del Código Penal y advierte que “en consecuencia, en cumplimiento estricto de las disposiciones legales citadas, es imperiosa la acción del Ministerio Público.”
También, Uribe instruyó que, de tener “noticia fehaciente de la comisión de un delito”, en estricto cumplimento a sus atribuciones legales, disponer de oficio el inicio de la investigación penal en contra del autor o autores y partícipes de dichos delitos, conforme al Art. 289 del Código de Procedimiento Penal.
Además, la autoridad pidió establecer los turnos de los Fiscales de Materia y disponer que el trabajo de éstos sea coordinado con las autoridades pertinentes.
A raíz del paro de 48 horas del transporte público, que incluye bloqueos de calles y carreteras en varios departamentos del país, una gran parte de la población se vio afectada al no poder desplazarse con normalidad a sus fuentes de trabajo.
También, como es el caso de la ciudad de Sucre, los bloqueos estuvieron próximos a los centros de emergencia sanitaria, lo que impidió el mucho caso el acceso de las ambulancias.
JINDAL ACUSA A LA ESM Y A YPFB DE INCUMPLIR EL CONTRATO DE RIESGO COMPARTIDO
Jindal Steel Bolivia (JSB) acusó este lunes a la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), y a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de incumplir el contrato de arrendamiento y explotación del yacimiento de hierro al no cumplir resoluciones de Directorio, en el caso de la ampliación de la Boleta de Garantía, y de no tener la capacidad para garantizar la provisión de gas natural para la industrialización del hierro.
En vídeo conferencia desde la ciudad de Santa Cruz, el gerente de Asuntos Jurídicos, Legales y Administrativos de Jindal Steel Bolivia (JSB), Jorge Gallardo, confirmó en primera instancia que la empresa de capitales indios paralizó sus operaciones en el Mutún desde el pasado 8 de marzo.
“El Contrato de Riesgo Compartido se encuentra legalmente suspendido desde el 8 de marzo, cuando enviamos una comunicación notariada a la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM); en ese sentido se han paralizado las operaciones”, afirmó Gallardo a través de la vídeo conferencia.
En relación al pago de la Boleta de Garantía por 18 millones de dólares y a la posible salida de la empresa india del país, Gallardo sostuvo que ambos temas son analizados por el departamento legal de la empresa, tanto en Bolivia, como en la India; para así poder determinar una posición final.
DEFENSOR EXHORTA A MÉDICOS A DEPONER “POSICIONES RADICALES” Y SUSPENDER MEDIDAS DE PRESIÓN
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena demandó a los trabajadores en Salud y profesionales médicos a deponer “actitudes radicales e intransigentes” y suspender sus medidas de presión, luego de la suspensión del Decreto Supremo 1126 que anunció el gobierno del presidente Evo Morales.
El sector salud mantiene la huelga indefinida, a pesar del anuncio gubernamental, demandando que la abrogación del Decreto que establece 8 horas diarias. Los galenos y trabajadores en salud argumentan que no existe la figura legal de suspensión.
De acuerdo con la institución defensora de los derechos humanos, paralizar los servicios médicos es “atentar contra la población”. Además señala que los derechos a la salud y la vida están siendo vulnerandos con la huelga indefinida.
“El defensor exhorta a los profesionales médicos y trabajadores salubristas a deponer actitudes radicales e intransigentes y suspender sus medidas de presión para dar paso a un debate en la Cumbre de Salud a la que convocó el Gobierno, escenario donde podrán presentar su posición y sus demandas en el tema salud”, señala un comunicado institucional de la defensoría.
Por otro lado, la Defensoría reconoce que las demandas del sector son legítimas y es urgente dar soluciones estructurales a la problemática de salud y que la huelga es un derecho constitucional.
“Mantener posiciones radicales sólo provocará agudizar el conflicto, cuyas consecuencias las sufre la población, principalmente, niños y adultos mayores y gente de escasos recursos que recurren a los centros médicos públicos y del seguro, donde la atención en los servicios de emergencia son cada vez más precarios”, acota la defensoría.
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